Tal y como ha desvelado esRadio, la emisora de Federico Jiménez Losantos, los propios directivos de Telecinco habrían puesto en stand by esta producción ante las amenazas de posibles medidas legales contra lo que se diga y se muestren los episodios de esta. Para ello, el equipo de la serie documental ha tenido que ponerse a revisar todo lo que Rocío Carrasco había contado ya ante las cámaras del programa para evitar así que alguna información sea susceptible de ser objeto de demandas, querellas o denuncias contra ellos.
Desde que se dio a conocer el contenido de la misma y la existencia de documentos privados de Rocío Jurado que ahora están en manos de la protagonista, se ha hecho saber públicamente que Ortega Cano, viudo de 'La más grande', y Gloria Camila, hermana de Rocío Carrasco, habrían estudiado la posibilidad de tomar medidas cautelares contra la cadena y la productora de la docuserie para evitar que ciertos hechos se hagan públicos a través del programa prevenidos ya por lo ocurrido durante la primera parte con Antonio David Flores, Olga Moreno o Rocío Flores.
Para evitar posibles demandas por su contenido
Además de esto, tendrían también que indemnizar con 50.000 euros a Antonio David Flores por los daños ocasionados por la forma en la que sucedieron las cosas -su despido se hizo público nada más arrancar el programa- así como por todo lo que se ha dicho de él tras la duras declaraciones de la que había sido su mujer. Varios colaboradores -que aparecen también mencionados en la sentencia- se han referido a él como "un maltratador" cuando el caso por presuntos malos tratos se encuentra sobreseído por falta de pruebas.