El ex Alcalde de Marbella no percibirá nada de dinero relativo a la serie documental por sus problemas con la justicia.
Julián Muñoz se enfrentará a un nuevo varapalo después de que la Audiencia Nacional haya acordado el embargo del dinero que pudiera percibir por su participación en el programa de televisión emitido en Telecinco. El motivo por el que será embargado dicho dinero es por el hecho de que se podría hacer frente a las indemnizaciones a las que fue condenado por el caso Saqueo II, sobre el desvío de dinero público del Ayuntamiento en la etapa de Jesús Gil como edil.
Ha sido el Ayuntamiento de Marbella, localidad malagueña en la que fue alcalde, el que ha solicitado el embargo de las retribuciones en el momento en el que se ha conocido su participación en la serie documental de Mediaset titulada 'No es hora de la venganza, es hora de la verdad'. En e documento donde se detalla toda la información se explica que Julián Muñoz fue condenado en esa causa al pago de diversas cantidades en concepto de indemnización que suman 46.602.030 euros, quedando pendiente de abono en estos momentos prácticamente toda la cantidad, en concreto 46.231.278 euros. Y como existe impago, la Audiencia Nacional ha acordado reabrir la ejecución de la sentencia condenatoria y realizar una nueva averiguación patrimonial respecto de Julián Muñoz, ya que ahora ganará dinero en televisión.
En el documento se puede leer: "Se ejecutará el embargo de cualquier clase de remuneración o retribución a cuya percepción tuviere derecho el penado por su participación en cualquier programa televisivo, esto en garantía de dicha cantidad adeudada en concepto de indemnización". Condenado a seis años de prisión
Fue en octubre de 2013 cuando la Audiencia Nacional señaló a Julián Muñoz y también al exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí Juan Antonio Roca como autores de un delito continuado de malversación de caudales públicos agravado por el caso Saqueo II, que se inició a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del Grupo Independiente Liberal entre los años 1991 y 1999. Su condena se vio reducida de seis a cinco años, pero comenzó a disfrutar de su libertad antes de lo esperado debido a sus problemas de salud.