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El Código Civil prohibirá casarse a sordos y ciegos sin el permiso de un médico a partir de julio de 2017

Una modificación del artículo 56 del Código Civil aprobada el 2 de julio de 2015 establece que las personas ciegas y sordas deberán pedir permiso a un médico para poder contraer matrimonio.

21 Diciembre 2016 en Bekia

El Código Civil está constantemente siendo modificado para conseguir un progreso en las leyes españolas. Sin embargo, no todas estas modificaciones son correctas, o si no que se lo digan a las personas que sufren de ceguera o sordera. A partir del 30 de julio de 2017 las personas sordas o ciegas necesitarán un informe médico que les acredite que pueden contraer matrimonio.

La reforma del artículo 56 del Código Civil será vigente a partir de esa fecha establece que: "Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento".

El artículo original que aún se mantiene vigente establece que: "Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento". Con esta nueva modificación, además de contemplar a las personas con problemas psíquicos se ha añadido a las personas que sufren un problema sensorial.

Las asociaciones de sordos y ciegos, indignadas

Según informa el diario La Provincia, el presidente de la ONCE en Canarias, Miguel Ángel Méndez define esta medida como: "Barbaridad. Es increíble que se dé por hecho que una persona con discapacidad visual y auditiva no es capaz de entender lo que significa el matrimonio. Están diciendo que no tenemos las facultades suficientes para poder entender qué es el matrimonio".

Varias plataformas defensoras de las personas sordas y ciegas como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la ONCE, Fiapas y la Confederación Estatal de Personas Sordas están pidiendo al Parlamento Español que revoque esta modificación. La califican como una: "Ley injusta que establece un tratamiento discriminatorio a las personas ciegas y sordas". Además, añaden que esta nueva modificación viola con lo pactado en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, del año 2006, ratificada por España.