La Guardia Civil ha descubierto una serie de irregularidades en el pago a proveedores y actos de fin de campaña que realizo el Partido Popular en 2007 para las elecciones regionales y municipales con Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón como candidatos. La investigación del caso Púnica revela incluso que se manipuló la factura en los conciertos de Azúcar Moreno e Iguana Tango en el final de campaña de dichas elecciones. La información se ha corroborado gracias a unos datos extraidos de una memoria USB perteneciente al exgerente del partido, Beltrán Gutiérrez.
Una serie de correos electrónicos entre Gutiérrez, el actual gerente, Guillermo Mayoral y la empresa que contrató a los grupos de música, Waiter Music, demuestran que se realizó una facturación inferior a su valor real. Se sospecha que el resto se pagó a través de otras vías como las arcas públicas de los ayuntamientos de Pinto y Valdemoro. "Según conversación mantenida te adjunto el desglose de los importes. Ruego me digas lo antes posible cómo facturo esto y la forma de cobro", escribió el responsable de Waiter music, José Luis Huertas.
Azúcar MorenoEn el mismo correo electrónico, enviado el 31 de julio, Huertas comunica a Mayoral: " Siguiendo indicaciones de Edelmiro (Consejería de Presidencia), les hicimos un contrato por 20.000 euros IVA incluido, aún sabiendo ambas partes que ascendía a una cantidad mayor, como te explico anteriormente ". Los gastos eran en realidad 30.000 euros por el concierto de Azúcar Moreno, 15.000 euros por el de Iguana Tango, 250 euros por el catering, 1.650 euros por vestir camerinos, 600 euros por el alquiler de sonido para Azúcar Moreno; y 1.100 euros por producción. En total, 48.600 euros más IVA.
Pagado con dinero público
En el archivo de Gutiérrez la naturaleza que se atribuye al gasto y a la forma de pago aparece la mención al concepto 'caja', que para la UCO corroboraría de nuevo el pago de gastos electorales mediante una presunta caja B.
Según los agentes, estaba previsto que el pago del acto de fin de campaña fuera sufragado al 50% con los fondos procedentes de los Ayuntamientos de Valdemoro y Pinto, municipio primero del que fue alcalde Franciso Granados, uno de los principales investigados del caso Púnica.
