Según fuentes cercanas, fue la misma familia Martínez Bordiú quien se percató de que el inquilino al que le habían alquilado el domicilio estaba utilizando el espacio como casa de citas. Así que presentaron una denuncia al Ayuntamiento y de este modo se puso en marcha el trámite.
El consistorio les abrió un expediente en setiembre de 2016, cuando tuvo conocimiento de la verdadera actividad que se llevaba a cabo en el piso, y requirió a los propietarios el "cese inmediato de la actividad". Sin embargo, los hermanos Martínez-Bordiú hicieron caso omiso, algo que pudo atestiguar la propia Guardia Urbana cuando comprobó un mes más tarde, en octubre, que en el lugar se seguían alquilando habitaciones por horas para tener encuentros sexuales.
Entre la espada y la pared
El conflicto ha durado todo este tiempo, y fue el pasado 16 de febreros el Ayuntamiento ordenó mediante un comunicado que decía: "precinto inmediato del piso así como el decomiso de los muebles, herramientas, géneros y el resto de enseres y efectos para la comisión de la infracción". Por otro lado, Pocholo y sus hermanos, podrían ser acusado de un delito de desobediencia si vuelven a no hacer caso.