La sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha hecho público este miércoles 20 de diciembre las fechas del juicio contra Dani Alves por la presunta agresión sexual a una joven ocurrida el 31 de diciembre de 2022: será entre el 5 y el 7 de febrero de 2024 a partir de las 10 de la mañana.
La Fiscalía y la acusación particular pedirán ocho años de cárcel para el exfutbolista brasileño, mientras que su defensa argumentará que las relaciones fueron consentidas y por tanto la absolución del brasileño.
Para entonces, habrá pasado 1 año y 14 días desde que Dani Alves acudió a declarar y de forma inmediata pasó a prisión provisional, primero en la cárcel de Brians 1 y luego a Brians 2, por riesgo de fuga. Desde entonces, su defensa intentó en varias ocasiones que el exjugador quedase en libertad, siendo desestimado tanto por la jueza del caso como por la propia Audiencia de Barcelona.
Durante este tiempo, el brasileño también declaró en varias ocasiones, aportando en todas ellas una versión diferente de los hechos primero negando incluso no conocer de nada a la joven que le había denunciado. Finalmente, acabó reconociendo haber mantenido relaciones sexuales pero consentidas por ambas partes. Esta es ahora su línea de defensa de cara al próximo juicio. El relato de la víctima fue siempre el mismo desde que habló con la propia seguridad de la discoteca la madrugada de aquel 31 de diciembre de 2022 cuando la atendieron antes de la llegada de los Mossos.
La víctima ha aceptado la indemnización por parte de Alves
Fue también el 20 de enero cuando la víctima de la presunta violación había rechazado ser indemnizada por el futbolista. En cambio, once meses más tarde, su abogada revocó en su nombre esta solicitud. Tal y como se informó el pasado mes de noviembre, aunque en un primer momento se hubiera rechazado, si las consecuencias del delito son más graves de lo que se preveía en un primer momento, esto se podrá llevar a cabo. Según su defensa, la joven "no era consciente de las consecuencias plenas del delito ni del as las circunstancias sobrevenidas que le impedirían, como así se reseñó en el informe médico forense, el desarrollo de una sintomatología ansioso depresiva de intensidad". Esta sigue de baja en su puesto de trabajo por las consecuencias psicológicas derivadas de la presunta agresión sexual.