La Fiscalía Provincial de Madrid pide nueva años de prisión para Rafael Amargo por un delito contra la salud pública por presuntamente vender drogas en su piso de la capital a terceras personas, tal y como recoge el escrito de la acusación emitido este mismo lunes 27 de diciembre.
En él se recoge que tanto el bailaor como un colaborador (uno de sus asistentes de producción) durante los meses de abril y diciembre del pasado año 2020 " se venían dedicando de manera concertada y persistente a la distribución de sustancias estupefacientes, entre otras metanfetamina, a terceras personas a cambio de dinero ".
Rafael Amargo tras haber sido puesto en libertadSegún recoge la acusación, la venta de estas sustancias no solo se hacía en el piso de Rafael Amargo, sino que incluso se hacía un reparto de las mismas : "Se valía de su hombre de confianza, el también acusado, a sabiendas de que lo portaba", para posteriormente regresar "al domicilio para entregar el dinero obtenido de la venta" al bailaor.
Fue el 1 de diciembre de 2020 cuando un auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid se autorizó la entrada y registro en los domicilios de los acusados como investigación por esta presunta venta de sustancias estupefacientes. En casa de Rafael Amargo los agentes intervinieron 3 botes de Popper, una pequeña bolsa con 0,089 gramos de feniletilamina y un frasco con 6 mililitros de GBL.
A la espera de fecha del juicio
En el caso del otro acusado ( para quien piden 6 años de prisión ), en su domicilio se encontró un bote con 4,466 gramos y una bolsa con 56,067 gramos de metanfetamina, dos bolsas con ketamina, otra con MDMA, un frasco con 6,800 mililitros de GBL, 10 comprimidos de sildenafilo, un bote con Popper y cuatro teléfonos móviles.
Ese mismo día 1 de diciembre Rafael Amargo, su mujer y dos socios eran detenidos en el marco de la operación Codax. Tras declarar ante el juez (negando todos los hechos), todos ellos quedaron en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de acudir cada 15 días al juzgado.
Este mismo mes de noviembre 2021 el Juez de Instrucción número 48 de Madrid concluyó la investigación penal sobre este caso asegurando que hay "suficientes indicios" para juzgarlos por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y pertenencia a un grupo criminal. Todavía se está a la espera de fijar una fecha para el juicio tras la emisión de los escritos de la Fiscalia.
