Después de conocer que la Fiscalía solicita a Neymar 2 años de cárcel y 10 millones de euros de multa por corrupción cometida a la hora de realizar su contrato con el Barça, ahora es Samuel Eto'o el que ha recibido noticias preocupantes.
La Fiscalía pide 10 años y medio de cárcel por haber defraudado a Hacienda casi 3,5 millones de euros durante su etapa como jugador del Barça (entre 2006 y 2009), además de una multa de 14 millones de euros por cuatro delitos de fraude fiscal. Asimismo, según informa El País, medio que ha tenido acceso al escrito del fiscal, a esa misma pena se enfrenta el que fuera su representante en aquel momento, Josep Maria Mesalles.
Hacienda puso su mirada en Eto'o y sus derechos de imagen después de que simulara la cesión de dichos derechos por su unión con la firma deportiva Puma a dos empresas, una española y otra húngara, de tal forma que 'se libraba' del correspondiente IRPF.
La Fiscalía, indica el citado medio, consideró que el camerunés era el propietario real de esos derechos y, por tanto, debería haber tributado, por lo que se querelló contra él en verano de 2012, reclamándole lo que debía por su colaboración con la marca, determinando que habría defraudado un total de 3,46 millones de euros.
Ahora, junto a esa pena y esa multa que se les pide, el fiscal también solicita que tanto jugador como exrepresentante asuman "de forma solidaria" la responsabilidad civil del caso, unos cuatro millones de euros.
Eto'o acusa al que fuera su exrepresentante de "sesoramiento desleal"
Unas penas solicitadas muy elevadas debido, en gran parte, a que, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros futbolistas de la liga española, Eto'o no ha devuelto el dinero supuestamente defraudado, por lo que no tiene ningún tipo de atenuante que le pudiera ayudar a rebajar la pena.
Nada más conocerse la petición de la Fiscalía, el propio jugador ha ofrecido un pequeño comunicado señalando que todo este problema se debe a un "asesoramiento desleal y fraudulento" por parte de Josep Maria Mesalles, argumento que ya manifestó cuando declaró por primera vez en diciembre de 2012.
No obstante, más allá de sus palabras, el fiscal considera que tanto uno como otro son tan culpables. Él porque firmó todos los contratos referentes a la cesión de sus derechos de imagen y Mesalles por ser su representante legal en ese momento -rompieron su relación en 2011-.