La Guardia Civil implica a Cristina Cifuentes en la financiación irregular del PP regional investigada en el famoso caso 'Púnica'. Como señala El Mundo, la UCO subraya, en un informe enviado el pasado 1 de marzo al juez Eloy Velasco, que la presidenta regional intervino en las 'valoraciones arbitrarias' de la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid, que ella presidía, y que otorgaron a la empresa Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, la gestión del comedor y cafetería de la Cámara autonómica.
Cristina Cifuentes en los Premios MAX 2016El informe señala que Cifuentes desobedeció la imparcialidad de la mesa de contratación al compatibilizar la presidencia de esta con su pertenencia en 'Fundescam', cuando esta fundación había recibido 160.000 euros del empresario que fueron utilizados para la campaña electoral del PP en 2007.
El Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO considera que las conductas apreciadas pueden responder a un delito electoral, además de los delitos de malversación, falsedad documental, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.
El resto de imputados opinan
Los investigadores de la UCO preguntaron por Cifuentes a tres imputados en el caso. María Virtudes Merino, jefa de protocolo de la Asamblea declaró a la Guardia Civil que se mantuvo una reunión "muy corta" para analizar la valoración de las ofertas presentadas.
A su vez, el funcionario Isaac Zubiri y la abogada Tatiana Recoder, también imputados explican que desconocían que la actual jefa del Gobierno autonómico se encontrará al frente de ese órgano.
