El pasado martes 8 de febrero de 2022 se celebraba en el Juzgado de lo Penal número 36 de Madrid el juicio contra José María López por presuntos abusos sexuales a Carlota Prado durante su participación en 'GH Revolution' en el año 2017. A escasos minutos de comenzar, el abogado de la acusación particular aseguró que la joven no podía acudir a la vista oral por "motivos psiquiátricos" que la habían llevado también a estar ingresada en diciembre de 2021. Ante este hecho, la Jueza aplazó el juicio sin fecha ya que considera su testimonio como parte fundamental de la causa.
Fue al día siguiente, miércoles 9 de febrero, que la propia Carlota Prado compartió a través de su cuenta personal de Instagram los verdaderos motivos por los que no se presentó en los juzgados tal y como se le había citado. Esta aseguró que los motivos de ausencia no serían los "problemas psiquiátricos" que se dijeron ante la Jueza, sino porque "ciertos familiares míos cercanos hicieron todo lo posible porque yo no llegase ayer a Madrid".
Presentándose así mismo como " la chica que violaron y torturaron en 'Gran Hermano 18' en el año 2017 ", esta reconocía que "me quedan 20 euros en el bolsillo", motivo que podría haber imposibilitado llegar por sus propios medios hasta la capital donde iba tener lugar el juicio. Esta intentó hacerlo por todas las vías posibles, llegando a realizar "18 llamadas", enviado correos y hasta poniéndose en contacto con Mediaset para explicar su situación.
La petición de la acusación particular (defensa de Carlota Prado)
La acusación particular pide, por "un delito de abusos sexuales agravados", una pena de siete años de prisión para el exconcursante del reality de Zeppelin Television para Mediaset con la "accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena", así como " la prohibición de comunicarse y aproximarse a Carlota Prado Alonso, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en que esta se encuentre a una distancia inferior a 500 metros, por un tiempo de siete años ". Asimismo, "procede imponer la medida de libertad vigilada por un tiempo máximo de siete años".
A esta pena también le suman la petición de un pago de 100.000 euros en concepto de daño moral contra la presunta víctima. Esta cantidad también se le solicita a la productora del reality 'Gran Hermano', Zeppelin Televisión S.A.U, en su caso, por daños morales tras mostrarle las imágenes de su presunto abuso sexual dentro de la casa sin ningún tipo de respaldo psicológico a su lado.
Respecto a las responsabilidades civiles, también reclaman al acusado y a la entidad aseguradora -en calidad de responsables civiles directos- una fianza de 133.333 euros para asegurar que los pagos de responsabilidades judiciales que puedan imponérsele. En el supuesto de que esto no se cumpla, se le embargarían bienes para asegurar la mencionada suma. Esta misma cantidad también le es solicitada a la productora Zeppelin Televisión en calidad de responsables civiles subsidiarios.
La petición de la Fiscalía
La Fiscalía había solicitado con anterioridad una pena de dos años y medio de prisión para José María López Pérez. A esto también se le añadían dos indemnizaciones reclamadas por el Representante del Ministerio Púlico tanto al acusado como a Zeppelin Television S.A.U de 6.000 euros cada uno a favor de la víctima por los daños causados por mostrarle las imágenes de la noche de los hechos y la repercusión pública que esto ha tenido posteriormente.