Luxemburgo se enfrenta a una gran reforma constitucional, que aunque no supone un cambio de régimen, sí afecta a algunas de las competencias del Gran Duque, que además de ciertos títulos oficiales, perderá el mando efectivo de las Fuerzas Armadas, aunque seguirá teniendo el título de Comandante. El resultado de la votación de la reforma de la Carta Magna ha sido de 49 votos a favor, 4 en contra y una abstención.
El Gran Duque Enrique de Luxeemburgo en la boda de Christophe Napoleón y la Condesa Olympia de AustriaLa Constitución de Luxemburgo data de 1868 y la última enmienda importante se produjo en 2008, un gran periodo de tiempo en el que ha surgido la necesidad de regular algunos aspectos relativos al poder del Jefe del Estado, que tenía unas más altas competencias, eso sí limitadas para evitar interferencias con el Gobierno. El texto fijará también las normas de sucesión del país.
Las diferencias con otras monarquías
Hasta ahora, la sucesión de la Casa Gran Ducal de Luxemburgo había estado determinada por el Pacto de Nassau, un reglamento interno de la familia que será sustituido por un apartado específico dentro de la nueva reforma constitucional que determinará las normas de sucesión, que contemplan incluso la posible falta de sucesores y la posible exclusión de pretendientes al trono cuando las circunstancias excepcionales así lo exijan.
Enrique de Luxemburgo en la entronización de Naruhito de JapónEl nuevo texto pretende establecer una legislación actualizada, basada en los valores actuales del país y protegiendo también los símbolos nacionales. Una reforma que se produce tras la publicación del informe Waringo, encargado por el gobierno en 2020 como una forma de auditoría interna en la Corte Gran Ducal, y tras la que se tomaron algunas medidas para corregir las disfunciones organizativas dentro de la institución.
La reforma recoge también que el Gran Duque conserva el derecho a conferir títulos nobiliarios a los miembros de la familia Gran Ducal, sin que se les pueda atribuir privilegio alguno, seguirá promulgando leyes y tratados adoptando las normas necesarias para la aplicación de los actos jurídicos que contempla la Unión Europea, de la que Luxemburgo es estado miembro.
