Pese a los esfuerzos del fiscal Pedro Horrach por librar a la Infanta Cristina de ir a juicio, la tenacidad del juez José Castro, el aval de la Audiencia de Palma y la decisión de Manos Limpias al personarse como Acusación Popular, han provocado que Cristina de Borbón y Grecia, sexta en la línea de sucesión a la Corona, se haya sentado en el banquillo de los acusados junto a 17 personas más, entre ellas su marido y principal implicado, Iñaki Urdangarín.
Como se esperaba, el abogado de la hermana del Rey, Jesús María Silva, ha aprovechado su turno de palabra para alegar que se debe aplicar para su cliente la Doctrina Botín. Con un discurso muy encendido y vehemente ha criticado que es toda una pesadilla para los grandes juristas que solo exista una acusación popular, intentando así deslegitimar el papel de Manos Limpias en el Caso Nóos en lo que respecta a Cristina de Borbón.
La defensa habla de vulneración de los derechos fundamentales de la Infanta Cristina
Jesús María Silva ha hablado de que se procedería a "una vulneración de sus derechos fundamentales" si las magistradas Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín deciden que la Infanta Cristina debe ser juzgada por los dos delitos fiscales de los que se le acusa. El letrado no ha tenido reparos en señalar en su discurso que si no aplicase la Doctrina Botín para la hermana del Rey se conseguirán que "los grandes juristas españoles se remuevan en sus tumbas".
La Doctrina Botín a la que ha apelado el abogado de la Infanta Cristina apunta a que se debería sobreseer una causa contra un imputado cuando lo piden tanto la Fiscalía como el perjudicado con el delito, que en este caso es la Hacienda Pública. El fiscal Pedro Horrach ha sido un firme defensor de que Cristina de Borbón no debe ser juzgada en el Caso Nóos, y así lo ha hecho saber en su alegato en la primera sesión del juicio; mientras, la Agencia Tributaria se ha negado a personarse como acusación. De este modo, Manos Limpias ejerce como Acusación Popular, y pide para la imputada ocho años de cárcel.
Por su parte, la protagonista a su pesar del entramado se ha mostrado muy seria y con un rostro desencajado en ocasiones, pero serena en la mayor parte del juicio, ha seguido con atención toda la vista. Al otro lado de la fila se encuentra su marido, Iñaki Urdangarín, que ha estado más inquieto. En su caso, la Fiscalía va a por todas y ha pedido para él la máxima pena de todos los acusados, 19 años y medio de prisión.