En 2020, tras abandonar España y afincarse en Abu Dabi, el Rey Emérito realizó un pago de 678.000 euros en diciembre de 2020 y otro de 4.395.000 euros en febrero de 2021 a la Hacienda Pública autoliquidando así las deudas de esos 5 ejercicios fiscales para evitar las sanciones correspondientes por la constitución de los delitos que se le imputaban por los ingresos de cantidades millonarias a través de la fundación Zagatka, presidida por su primo Carlos de Orleans.
Los querellantes consideran que la Ley prohíbe la regularización fiscal si cuando se hace la Agencia Tributaria o la Fiscalía han abierto ya una inspección o una investigación como ocurrió en el caso del Rey Juan Carlos. Estos además aseguran que el Rey Emérito conocía por la propia Fiscalía de la apertura de esta investigación. José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo y uno de los querellantes, ha explicado en una entrevista de La 1 que desde a primera notificación hasta la primera regularización transcurrieron 7 meses.
Juan Carlos ya no cuenta con inviolabilidad como Rey al cometer estos delitos tras su abdicación
Por ello también solicitan que se cite a declarar al Rey Juan Carlos en su domicilio actual de Abu Dabi, ya que estos hechos delictivos se habría cometido ya una vez el Monarca había abdicado -el 18 de junio de 2014- habiendo perdido ya la inviolabilidad que le otorga a la figura del Rey la Constitución Española en su artículo 56 reconociendo que "no está sujeta a responsabilidad". También se solicita la declaración de otra decena de personas y representantes de distintas sociedades que abonaron gastos del Rey Emérito o que gestionaron su fortuna en el extranjero.