Magistrados retirados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción jubilados, expresidentes de la Audiencia Nacional, catedráticos de derecho, filósofos y periodistas han presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella criminal contra el Rey Juan Carlos por cinco delitos contra la Hacienda Pública española durante sus regularizaciones fiscales en diciembre de 2020 y febrero de 2021 por las que el Fiscal del Supremo archivó la causa abierta contra él por los ejercicios fiscales de 2014 a 2018.
En 2020, tras abandonar España y afincarse en Abu Dabi, el Rey Emérito realizó un pago de 678.000 euros en diciembre de 2020 y otro de 4.395.000 euros en febrero de 2021 a la Hacienda Pública autoliquidando así las deudas de esos 5 ejercicios fiscales para evitar las sanciones correspondientes por la constitución de los delitos que se le imputaban por los ingresos de cantidades millonarias a través de la fundación Zagatka, presidida por su primo Carlos de Orleans.
El Rey Juan Carlos posa con las Infantas Elena y Cristina y sus nietos Froilán, Victoria Federica y Juan Urdangarin en la boda de Almeida y Teresa UrquijoLos querellantes consideran que la Ley prohíbe la regularización fiscal si cuando se hace la Agencia Tributaria o la Fiscalía han abierto ya una inspección o una investigación como ocurrió en el caso del Rey Juan Carlos. Estos además aseguran que el Rey Emérito conocía por la propia Fiscalía de la apertura de esta investigación. José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo y uno de los querellantes, ha explicado en una entrevista de La 1 que desde a primera notificación hasta la primera regularización transcurrieron 7 meses.
Juan Carlos ya no cuenta con inviolabilidad como Rey al cometer estos delitos tras su abdicación
Por ello atribuyen al padre del Rey Felipe VI " cinco delitos contra la Hacienda Pública penados en el artículo 305 bis del Código Penal y castigados con prisión de dos a seis años, y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada cuando la defraudación se cometiere en cuantía superior a 600.000 euros o se hayan utilizado personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos".
El Rey Juan Carlos, muy sonriente a su llegada al club náutico de SanxenxoPor ello también solicitan que se cite a declarar al Rey Juan Carlos en su domicilio actual de Abu Dabi, ya que estos hechos delictivos se habría cometido ya una vez el Monarca había abdicado -el 18 de junio de 2014- habiendo perdido ya la inviolabilidad que le otorga a la figura del Rey la Constitución Española en su artículo 56 reconociendo que "no está sujeta a responsabilidad". También se solicita la declaración de otra decena de personas y representantes de distintas sociedades que abonaron gastos del Rey Emérito o que gestionaron su fortuna en el extranjero.
