El juez Castro ha rechazado admitir a trámite el recurso de apelación que la defensa de la Infanta Cristina había presentado el pasado 2 de enero contra el auto de apertura de juicio oral del Caso Urdangarín, mediante el cual Cristina de Borbón se sentaría en el banquillo por dos delitos fiscales.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, el mismo en el que declaró como imputada la Infanta Cristina el 8 de febrero de 2014, recrimina que se le acuse de basarse en fuentes periodísticas para argumentar sus teorías, recordando que son los abogados quienes han hablado con la prensa y no él.
También ha señalado que "no es cometido de los jueces imponer lo que se llama pena de banquillo ni evitarla si con ello hacen dejación de sus funciones" con un auto con el que rechaza las teorías de la defensa de la Infanta Cristina, que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.
La Infanta Cristina, al banquillo
El Juez Castro envió el auto de apertura de juicio oral el pasado 22 de diciembre. En él, el magistrado enviaba a la Infanta Cristina al banquillo por los dos delitos fiscales que se le imputan.
En respuesta, la defensa de Cristina de Borbón presentó el 2 de enero ante el Juzgado número 3 de Palma de Mallorca un recurso de apelación contra el auto del juez instructor que enviaba al banquillo a la Infanta Cristina. Dicho recurso fue presentado a la Audiencia de Palma.
El juez Castro señaló en el auto con el que abrió el juicio oral que Cristina de Borbón tuvo un papel de cooperadora necesaria en los fraudes cometidos por su marido, Iñaki Urdangarín, que tuvieron lugar en los ejercicios 2007 y 2008. Asimismo, el juez instructor apunta que si Fiscalía y la Agencia Tributaria acusan por los mismos delitos al Duque de Palma y a su exsocio Diego Torres, también Cristina de Borbón debe ser juzgada por ellos.
De este modo, no aplicó la Doctrina Botín que pedían tanto la Fiscalía Anticorrupción como la defensa de la Infanta Cristina, que señalaban que si la hermana del Rey solo era acusada por Manos Limpias (acción popular), debería aplicarse la citada Doctrina, y por tanto no se sentaría como acusada en el juicio que se celebrará en la segunda mitad de 2015.