Después de que la Audiencia de Palma anunciara el pasado viernes que la Infanta seguiría imputada por dos delitos fiscales, pero no mantendría la imputación por blanqueo de capitales y que la Fiscalía Anticorrupción decidiera no recurrir la decisión, todo está ya en manos del juez Castro. Parece que este hecho ha frenado la supuesta iniciativa de doña Cristina a la hora de renunciar a los derechos de cuna respecto al trono. "Es previsible que la Infanta espere a que Castro decida si finalmente va o no a juicio para tomar la decisión definitiva", explican los expertos.
Según varios expertos en el tema, la noticia iba a ser anunciada inminentemente: "hay síntomas de que ese gesto se va a producir cuanto antes", confirmaba el profesor Torres del Moral, tales como la fugaz visita a Barcelona que han hecho, por separado, los Duques de Palma esta semana para reunirse con sus abogados. Sin embargo, una fuente muy cercana a la hermana del Rey cuenta a La Otra Crónica que ésta no cede y no contempla la posibilidad de apearse de la sucesión, ni a corto, ni a medio plazo.
Si lo hiciera, el procedimiento sería similar al seguido en la abdicación de Don Juan Carlos. "Tendría que dirigirle un escrito al Rey Felipe en el que expresara su renuncia a formar parte de la línea de sucesión al Trono. Si el Rey está de acuerdo (y todos los indicios muestran que lo está), Don Felipe tendría que entregarle este escrito al presidente del Gobierno. El asunto sería llevado después al Consejo de Ministros, que elaboraría un proyecto de Ley Orgánica muy escueta, en el que se dijera que se aprueba la renuncia y poco más", explica Torres del Moral. Este proyecto de Ley se sometería al debate del Congreso y del Senado y si nadie pone objeciones quedaría aprobada la Ley. Una vez que el Rey sancionara la norma y se publicara en el BOE, se produciría su salida de la línea dinástica.
¿Qué supondría para doña Cristina renunciar a sus derechos?
Doña Cristina está apartada de la agenda oficial de la Casa Real desde 2011, es decir, no cobra el 'sueldo' de Infanta, continúa con su vida profesional en La Caixa, donde tanto la entidad como sus compañeros la han respaldado y tiene su vida familiar asentada en Ginebra, por lo que su renuncia a los derechos dinásticos es un gesto que no le afectaría en la práctica más allá del daño personal, y a su honor, que le produciría hacerlo.
En el caso de que la Infanta Cristina renunciara a sus derechos dinásticos se trataría de un hecho histórico sin precedentes. El único caso de renuncia de derechos sucesorios que se ha producido fue el de sus tías, las Infantas Pilar y Margarita, pero ellas lo hicieron dentro de sus capitulaciones matrimoniales, ya que así lo estipulaba entonces la Pragmática Sanción del rey Carlos III. Según los expertos, los derechos de sus hijos no se verían afectados por la decisión de su madre. De hecho, sería Juan Urdangarin, su hijo mayor, quien ocupara a partir de entonces la sexta posición en la línea sucesoria seguido por sus hermanos.
La renuncia no implicaría la pérdida del ducado de Palma. El título, concedido por su padre al casarse con Urdangarin, sólo podría ser revocado por su hermano, un gesto extremo que significaría una crisis para la Monarquía. Tampoco perdería su escolta. Su familia sigue gozando en Ginebra de la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tienen un equipo que depende del Ministerio del Interior y que coordina la comisaría de Zarzuela. Con un gasto que podría alcanzar los 250.000 euros al año. Del mismo modo, no perderían tampoco su pasaporte diplomático, título de viaje que contempla distintas cortesías y facilidades. Urdangarin sólo lo perdería en caso de divorcio, como le sucedió a Jaime de Marichalar. "Sólo el Ministerio de Exteriores podría retirárselo. No depende de la Casa Real", explican los expertos.