El 3 de abril de 2013 amaneció como un día más, pero ya nada será igual para la Familia Real Española después de que uno de sus miembros, la Infanta Cristina, haya sido imputado en la pieza separada del Caso Palma Arena relativa a la trama Nóos.
Ha sido el magistrado que instruye el caso, el Juez Castro, quien ha tomado la decisión de llamar a declarar a la Infanta Cristina por haber formado parte de la Junta Directiva del Instituto Nóos y por ser copropietaria de Aizoon.
De este modo podrá explicarse ante al juez, aunque será como imputada, pues más allá de cualquier prueba, Doña Cristina no podría haber sido llamada como testigo por estar imputado su marido, Iñaki Urdangarín.
Ahora hay que esperar al 27 de abril, día en el que la Infanta Cristina tendrá que entrar en el juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca para comparecer ante el juez. Antes de eso llegará el recurso de apelación que el fiscal Pedro Horrach presentará contra el auto del juez Castro que anunció la imputación de la Infanta Cristina, pues Horrach no cree que haya indicios suficientes para que el magistrado haya tomado esta decisión.
La renuncia, una salida para dejar de dañar a la Corona
De todos modos, esta imputación no quiere decir que la Infanta vaya a ser acusada de delito alguno o se fuera a sentar en el banquillo de los acusados, como tampoco quiere decir que vaya a romper su matrimonio o a renunciar a sus derechos sucesorios a la Corona de España.
En ese sentido, y yendo del plano judicial al institucional cabría la posibilidad de que se acelerara a partir de ahora la opción más comentada en los últimos meses, la renuncia de la Infanta Cristina a sus derechos, pues cabe señalar que a día de hoy, Doña Cristina de Borbón y Grecia ostenta el séptimo lugar en la línea de sucesión y es miembro de la Familia Real de pleno derecho, aunque esté apartada de facto de los actos oficiales.
Y es que aunque el mal ya está realizado, el hecho de que la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín sean miembros de la Familia Real Española, (con todo lo que ello implica) y se encuentren imputados es dañino para la Corona que ostenta el Rey Juan Carlos I de España y que aspira a heredar algún día el Príncipe Felipe.