A las 08:15 horas del citado día, hacían su aparición en la Escuela Balear de Administración Pública de Palma de Mallorca la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Ambos se sentaron junto a los restantes 16 acusados en el juicio de corrupción, aunque esperaban suerte desigual. Así, mientras al exjugador de balonmano la Fiscalía le pide 19 años y medio de prisión, Cristina de Borbón luchaba por que se le aplicase la Doctrina Botín, se archivase su causa y así pudiera librarse de continuar sentada en el banquillo de los acusados.
Cristina de Borbón no solo tenía como apoyo a la defensa, como todos los procesados, sino también la Fiscalía y la Abogacía del Estado, razones por las que Jesús María Silva esgrimía con gran vehemencia la obligación del archivo de la causa al no acusar ni la Fiscalía ni el perjudicado del delito, que en este caso es la Hacienda Pública, representada por la Abogacía del Estado y que se negó a personarse como acusación.
El camino de la Infanta Cristina hasta el banquillo
La pesadilla de la Infanta Cristina comenzó cuando estalló el escándalo por el Caso Nóos el otoño de 2011. Sin embargo, no fue hasta abril de 2013 cuando el juez Castro imputó a la Infanta en contra del criterio del Fiscal Pedro Horrach, que no veía delito en sus actuaciones en Aizoon. Comenzó ahí la guerra entre el instructor y el fiscal, que tras años de investigación conjunta chocaron por culpa de la diferencia de criterios con respecto a la actuación de la hija del Rey Juan Carlos.
En mayo de 2013 pudo respirar tranquila por un tiempo, debido a que su imputación fue retirada tras la resolución de la Audiencia de Palma en mayo de 2013. El juez Castro no se amilanó y tras seguir investigando se mantuvo en sus trece y el 7 de enero de 2014 le adjudicó blanqueo de capitales y dos delitos fiscales.
Fue por ello que la Infanta Cristina tuvo que declarar ante la Justicia el 8 de febrero de ese mismo año en el mismo juzgado palmesano en el que lo había hecho su marido dos años antes.
El 25 de junio de 2014, el magistrado anunció que mantenía la imputación al no haber sido convencido por la comparecencia de la acusada. Cuatro meses después, el 7 de noviembre, la Audiencia de Palma suspendió la imputación por blanqueo, pero le mantuvo los dos delitos fiscales, que son los que le llevaron a sentarse en el banquillo de los acusados. Pese a los intentos por salvarla, tendrá que ser procesada y volverá a la Escuela Balear de Administración Pública de Palma de Mallorca para soportar todo el juicio a partir del 9 de febrero.