Iñaki Urdangarín y Diego Torres tendrán que responder con una fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros después de que el juez José Castro haya impuesto finalmente esta cantidad.
Los exsocios, que tendrán que pagar esta cantidad entre ambos de forma solidaria, podrán apelar la decisión del magistrado que instruye el Caso Palma Arena, que no ha aceptado las alegaciones presentadas por ambas partes para no hacer frente a la fianza.
Las alegaciones de Urdangarín y Torres
Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarín, presentó un escrito de alegaciones en el que se mostró contrario a esta fianza de 8.189.448,44 euros que pedía la Fiscalía al señalar que los contratos del Instituto Nóos eran correctos, y por tanto, el Duque de Palma no habría cometido delito.
De este modo, Iñaki Urdangarín pretendía salvarse de la fianza pedida tanto por la Fiscalía como por las acusaciones, que solicitaron que tanto el Duque de Palma como su exsocio Diego Torres devuelvan el dinero obtenido de los Gobiernos de Baleares y Comunidad Valenciana durante los años en los que mantuvieron negocios con ambas administraciones.
El letrado de Urdangarín quiso dejar claro así que el papel del Duque de Palma en el Instituto Nóos fue representativo, y que al considerar que los contratos son correctos no ha existido ninguno de los delitos que le imputan, y por tanto no debe devolver el dinero ni pagar la multa, razones que han sido rechazadas.
Por su parte, Manuel González Peeters, abogado de Diego Torres, también presentó su escrito de alegaciones. En este caso, el menorquín no culpó a su exsocio, sino que según señaló que había sido una víctima tanto de funcionarios como de gobiernos corruptos, escrito que tampoco fue aceptado, por lo que también tendrá que hacer frente a la fianza.