Durante los comienzos el 'caso Urdangarín' se mantivo la calma, pero el día que Manos Limpias manifestó su deseo de pedir que la hija del Rey Juan Carlos declarase como imputada, Casa Real se puso manos a la obra para tratar de tomar las riendas de la situación y que su imagen se viera lo menos dañada posible, algo que era tarea complicada.
La Otra Crónica cuenta que aquel febrero de 2012 hubo una 'cumbre' en Zarzuela en la que, además del Rey Juan Carlos y el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, se encontraban los por aquel entonces Fiscal General del Estado y Ministro de Justicia, Eduardo Torres Dulce y Alberto Ruiz Gallardón, respectivamente. Todos ellos debatieron, analizaron y estudiaron qué implicaba este escándalo a nivel institucional.
Una gabinete de crisis en el que se analizó un escrito de Pedro Horrach en el que quedaba más que patente que las pruebas no eran nada favorecedoras para el por aquel entonces Duque de Palma, y que se iban a pedir varios años de cárcel para él. Días después llegaba su primera declaración, en la que echó todas las culpas a su exsocio Diego Torres y quiso dejar a un lado del embrollo a su mujer.
A días de saber si entrará en prisión
Con todo eso sobre la mesa, aquella reunión determinó que no había nada que hacer por Iñaki Urdangarín, y que si hubieran podido hacerlo, lo más conveniente era no hacerlo: "No puede ocurrir que se ponga en riesgo el Estado por intentar librarle. Las evidencias son abrumadoras y las instituciones sufrirían un daño irreparable", fue 'la sentencia' de aquella reunión en la que se determinó que Urdangarín debía aprender a cuidarse solito. Aquel día recibió una sentencia brutal que ni él mismo conocía hasta ahora, cuando está a días de conocer si entrará o no en la cárcel mientras insiste y repite una y otra vez que todo lo que hizo durante su estancia en Nóos estuvo avalado por Casa Real y no existe ningún tipo de irregularidad.