En esta denuncia acusa tanto al Rey Juan Carlos, con el que al parecer tuvo una relación extramatrimonial como al CNI de vigilancia encubierta y de acoso desde el año 2012. A su vez, indica que los problemas comenzaron cuando el Rey le pidió que le devolviera los 65 millones de euros procedentes de Arabia Saudí que, según su versión, le había regalado a ella y su hijo. Y como se negó a devolvérselo, fue en ese momento, según Larsen, cuando comenzó su acoso y su afán por desprestigiar su imagen.
Como su imagen se ha visto dañada, ha afectado inevitablemente a sus negocios y por eso reclama una indemnización, aunque no se ha concretado la cantidad. El medio ElDiario.es avanzó en marzo de 2020 la denuncia que iba a presentar Larsen, y aseguró que entonces su piso en Mónaco fue ocupado por una empresa de seguridad con sede en el mismo país. Según cuenta, los servicios de inteligencia españoles le comunicaron que se trataba de un operativo para garantizar su seguridad.
Pero fue unos meses más tarde cuando ella ha indicado que el CNI la amenazó de muerte cuando estaba en su habitación en el Hotel Connaught de Londres. "Tras la intrusión de los servicios secretos en mi habitación del hotel, yo estaba aterrada, especialmente cuando me amenazaron a mí y a mis hijos diciendo que no podían garantizar mi seguridad física", declaró Larsen, y añadió: "Insistían en que permaneciese en silencio. Me enviaron un correo, utilizando un pseudónimo, en el que explicaban que hablar con los medios resultaría devastador para mi imagen. Yo me lo tomé como que destruirían mi reputación si no cooperaba. De hecho, esta amenaza se llevó a cabo con éxito".
Amenazas e investigaciones
Sobre la visita de Sanz Roldán a Larsen, el ex Director del CNI declaró en el juicio contra Villarejo que él nunca ha amenazado a una mujer ni a un niño, y se negó a dar más detalles amparándose en el secreto que protege legalmente las acciones del CNI. Con el tiempo dijo que su visita a la amante del Rey fue un asunto personal. Un fiscal suizo mantiene abierta una causa desde 2018 en la que están imputados la propia Corinna Larsen y dos presuntos testaferros del Rey Juan Carlos. La causa fue abierta a raíz de la publicación en los medios de comunicación del audio grabado en 2015 por el comisario Villarejo a Corinna Larsen en Londres en la que esta denunciaba presuntas actividades ilegales del Rey e identificaba al gestor Arturo Fasana y al abogado Dante Canónica, residentes en Suiza, como sus testaferros.