Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial, concedió una entrevista al programa 'Los desayunos de TVE' que presenta Ana Pastor para hablar sobre la condena del Tribunal Supremo a Baltasar Garzón de 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación en relación a las escuchas del caso Gürtel.
De este modo, Gabriela Bravo respondió que esta "no es la primera actuación del Consejo General del Poder Judicial con respecto a las filtraciones", además de señalar que no solo se quiere investigar el hecho en sí, sino también qué medidas "se han tomado para evitarlas".
Siguiendo en esa línea, Ana Pastor realizó una cuestión a la portavoz sobre si se puede tratar de otra manera a Iñaki Urdangarín. Bravo apuntó que como ciudadana, "desde el momento en que se ha citado a esta persona como imputado ante el juez, está siendo tratado como cualquier ciudadano Habitual.
Por otro lado, como miembro del Consejo General del Poder Judicial afirmó que las decisiones que haya tomado el juez José Castro habrán sido ponderadas, pero que "no todos los imputados son iguales, no todos los asuntos judiciales están sometidos a la misma presión mediática, ni tienen la misma relevancia".
Las dimensiones mediáticas del Caso Urdangarín
Asimismo quiso dejar claro que "no en todas las ocasiones se puede estigmatizar también tanto la imagen o el honor de una persona; además prácticamente ha habido un juicio paralelo antes de que haya declarado, e incluso a veces antes de que el imputado tenga conocimiento de las actuaciones judiciales, porque son secretas y no tiene acceso a ellas. Finalmente, ha querido apuntar a que no se trata de "adoptar estas medidas por ser quién es, sino por las circunstancias que concurren en este caso derivada de esas dimensiones mediáticas del asunto".
Iñaki Urdangarín, duque de Palma de Mallorca y esposo de la Infanta Cristina, declarará como imputado el próximo sábado 25 de febrero por su implicación en la pieza separada del Caso Palma Arena enclavada en la Operación Babel. José Castro, magistrado que lleva el caso, le imputó por los delitos de "malversación de caudales públicos, fraude, falsedad documental y prevaricación" el pasado 29 de didicembre.