En esta ocasión debido a que, tal y como informa Daily Mail, la esposa del Príncipe de Gales ha perdido una batalla judicial en la que estaba inmersa con su vecino en el Condado de Wiltshire. Allí ella conserva la casa en la que vivió con su primer marido, Andrew Parker Bowles, y a donde acude de vez en cuando a descansar de sus obligaciones reales. Pero hay algo que, por culpa de su vecino, perturba su descanso desde hace tiempo.
El caso es que dicho vecino compró en 2017 la vivienda anexa a la de Camilla y al poco tiempo de su mudanza empezó a realizar reformas. Todos saben cómo de tediosas pueden ser las obras, por lo que no es de extrañar el malestar que comenzó a desarrollar la Duquesa de Cornualles. Sin embargo, la gota que colmó el vaso ha sido la intención de dicho vecino por convertir su granero -ubicado a 60 metros de la residencia de la futura consorte- en una segunda vivienda.
La nuera de Isabel II presentó entonces una primera alegación ante el ayuntamiento de la localidad alegando presuntos riesgos de inundación si la obra se llevaba a cabo: "Cualquier obra que obstaculice el flujo natural del río en detrimento de otras propiedades es claramente inaceptable". Y a pesar de que en un primer momento se le dio la razón, finalmente han rechazado su segunda alegación tras una pequeña reforma del proyecto inicial (que todavía mantiene sus intenciones iniciales).
¿Buscando trato de favor?
Lo llamativo de la historia es que la residencia es propiedad privada de Camilla Parker Bowles, pero sin embargo en sus alegaciones ha utilizado el membrete de "S.A.R. la Duquesa de Cornualles" y no ha dudado en recurrir al administrador de las propiedades del Príncipe de Gales para que actúe en su nombre. La cuestión que esto plantea es: ¿Puede la esposa del Príncipe hacer uso de su cargo a la hora de defender sus intereses personales y privados?