Este viernes, la Audiencia de Palma ha notificado su decisión sobre si mantiene o no la imputación de la Infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales.
Al no haberse estimado el recurso para los delitos fiscales, el afectado es el Estado Español, por lo que si se aplica la conocida como Doctrina Botín, por la cual la acusación vendría de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que no son favorables a la imputación, y si no se personan no habría tal acusación.
Caso Urdangarín (2011-2014)
Los días 25 y 26 de febrero de 2012 declaró en los juzgados de Palma, donde desvinculó a la Infanta Cristina y a la Casa Real de sus negocios y culpó a su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres. El magistrado no le creyó y le mantuvo la imputación, considerando que la responsabilidad del Duque de Palma estaba al mismo nivel que la de Diego Torres.
La Infanta Cristina parecía al margen, aunque el exsocio de Urdangarín comenzó una guerra en abril de 2012 al divulgar correos electrónicos que dejaban en mal lugar al Duque de Palma y en los que aparecían los nombres del Rey Juan Carlos y de la Infanta Cristina. En febrero de 2013 el yerno del anterior Jefe del Estado volvió a declarar sin aportar nuevos detalles, y nuevamente exculpando nuevamente a su mujer y a la Casa Real.
El 3 de abril de 2013, el juez Castro imputó a la Infanta Cristina tras haber hallado 14 indicios que señalaban que Cristina de Borbón habría sido cooperadora necesaria. Se la citó a declarar el 27 de abril. Comenzó así una guerra abierta entre magistrado y fiscal, ya que Pedro Horrach recurrió la imputación y cuestionó las razones de Castro. El juez decidió posponer la declaración de De Borbón hasta que la Audiencia de Palma estimara o no el recurso.
La Infanta pudo respirar tranquila, ya que el 7 de mayo, la Audiencia Provincial de Palma suspendió la imputación al no haber encontrado "indicios vehementes" de que fuera conocedora de los negocios que manejaron las dos cabezas de Nóos. Eso sí, no descartaba que en el futuro se le pudiera imputar por delito fiscal por Aizoon, empresa participada al 50 por ciento por los Duques de Palma. El juez Castro toma el guante de la Audiencia para investigar el posible delito fiscal cometido por la Infanta.
Seis meses después, el 14 de noviembre, la Fiscalía muestra su oposición a la imputación de la hija del Rey Juan Carlos. Nuevamente habla de sospechas y no de hechos. Un mes después, vuelve a la carga contra la imputación, consiguiendo el apoyo de la Abogacía del Estado y de las defensas de Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarín e incluso de la de Diego Torres. Manos Limpias no cede y sigue apoyando la decisión de Castro de querer volver a imputar a la Infanta. El 9 de diciembre, el juez pregunta a las partes si debe imputar de nuevo a Cristina de Borbón al conocer un informe de Hacienda que señala que los Duques de Palma llevaron 700.000 euros de Aizoon para gastos personales, la mayor parte para reformar su casa de Pedralbes.
Tras la Navidad, el juez Castro vuelve a la carga e imputa a la Infanta Cristina por blanqueo de capitales y fraude fiscal. Cuatro días después, el 11 de enero, la defensa de la Duquesa de Palma, comandada por Miquel Roca, comunica que no recurrirá la imputación y que ella desea declarar a la mayor prontitud, por lo que Castro fija como fecha el 8 de febrero de 2014. Ese día, la Infanta se desvinculó de la gestión del Instituto Nóos y de Aizoon y señaló que confiaba en los movimientos de su marido.
El 25 de junio, el juez Castro cerró la instrucción con un auto de 167 páginas en el que destacó el mantenimiento de la imputación de la Infanta Cristina por dos delitos fiscales y uno de blanqueo de capitales. En el mismo también se confirma las imputaciones de Urdangarín, Torres y su esposa. Una semana después, las respectivas defensas de los Duques de Palma presentan sus recursos. El 9 de septiembre Castro da respuesta al recurso de la Infanta dejando la decisión en manos de la Audiencia de Palma, que ha dado su decisión el 7 de noviembre.