Borja Thyssen y su mujer, Blanca Cuesta, están acusados de defraudar a Hacienda 336.417 euros en el año 2010. Por ello, la Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para cada uno de ellos y además, una multa de un millón de euros. El 14 de febrero de 2023 han llegado al Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid porque tenían que declarar por esta acusación. A su llegada, ninguno de los dos ha querido hacer ninguna declaración ante la prensa, pero sí se han mostrado tranquilos y serenos.
Además de la condena de cárcel y la multa por un delito contra la hacienda pública por el que la Fiscalía les acusa, también deberán pagar, entre los dos, el dinero que no declararon en su momento, es decir, los 336.417 euros, según ha especificado la Agencia EFE. Sin embargo, a pesar de que el matrimonio se ha presentado en los juzgados el día que se le había citado, el hijo de la Baronesa Thyssen y su mujer salían del juzgados después de que se suspendiera el juicio.
El motivo de esta suspensión de la vista oral se debe a que, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los abogados de la pareja, antes de iniciarse el juicio, han presentado un informe pericial que han solicitado que se incorpore a la causa, por eso, la Fiscalía ha solicitado que se aplazara el juicio para poder examinar el documento. Por el momento, no hay fecha para un nuevo señalamiento, según ha determinado el TSJM.
A la salida, igual que a su llegada, ninguno de los dos ha dado ningún tipo de declaración. Y como en la calle había un gran despliegue de periodistas y cámaras, el matrimonio ha decidido separarse para dirigirse al vehículo que les estaba esperando. Blanca Cuesta ha continuado recto, pero su marido se ha girado mirando hacia su mujer para cerciorarse de que las cámaras le seguían a él. En esta ocasión su rostro se mostraba más relajado.
El por qué de su presunto fraude
Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, el matrimonio declaró en 2010 que había tenido una ganancia patrimonial de 2.206.527 euros, pero según el Ministerio Público, fue de 3.792.564 euros porque simularon que parte de la transacción era de una sociedad que en realidad estaba inactiva, "ocultando por tanto a la Hacienda Pública la cantidad de 1.586.037,39 euros", y dejando de tributar 336.417 euros.