Shakira podría enfrentarse hasta a 8 años de prisión por un fraude fiscal de 14,5 millones

Las cosas se complican para Shakira, porque la Fiscalía ha solicitado una pena de más de ocho años de prisión para la cantante, a la que se le acusa de seis delitos contra la Hacienda Pública por un presunto fraude fiscal de 14,5 millones. De seguir hacia adelante, esta pena supondría su ingreso a prisión, ya que supera los dos años que le permitían librarse de la cárcel.

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El Ministerio Público la acusa en un escrito de simular no residir en España y utilizar un entramado de empresas en paraísos fiscales para ocultar sus ingresos. Asimismo, se le reclama una multa de 23 millones de euros. En este documento se señala que sí residió en España, país en el que además adquirió una vivienda junto a Piqué, quien fue su pareja durante esos años, y fue ahí donde residió la mayor parte del tiempo junto a sus hijos y el futbolista.

En esta viviendo estuvo residiendo en concreto 242 días en 2012, 212 días en 2013 y 243 días en 2014, por lo que sus ausencias tuvieron que ver con sus compromisos profesionales y sus vacaciones o momentos de ocio, señalando que no estuvo 124 días en 2012, 153 días en 2013 y 122 días en 2014. " Estas ausencias, conforme a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, deben calificarse de esporádicas y deben computarse para el cálculo de más de 183 días de permanencia en territorio español para adquirir la condición de residente habitual en territorio español y la condición de obligado tributario y residente fiscal", se sigue detallando en el escrito.

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Por otro lado, se remarca el 'deseo de no tributar' de la cantante, apuntando a su entramado de sociedades, utilizando una red de empresas que fueron creadas tiempo atrás que utilizó en los tres ejercicios de los años 2012, 2013 y 2014, para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la renta percibida y a la Agència Tributària de Catalunya el patrimonio que tenía.

Un entramado de paraísos fiscales

Sus problemas han crecido porque al parecer quiso que fueran las sociedades quienes formalmente figurasen como titulares de las percepciones de las rentas y del patrimonio, en lugar de ella misma, quien tan solo aparecía en último lugar y en algunas sociedades de paraísos fiscales como las Islas Virgenes, Panamá, las Islas Caimán o Malta. "Estas sociedades fueron interpuestas con el único objetivo de ocultar a la Hacienda Pública las rentas y el patrimonio de la acusada", se agrega en el escrito.