La presentadora de televisión Mariló Montero acudió hasta el Instituto de la Mujer para poner una denuncia al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, después de que éste hiciese un comentario muy desafortunado hacia ella durante una conversación privada con el cofundador del partido Juan Carlos Monedero, que decía: "la azotaría hasta que sangrase".
Pablo Iglesias en la premiere en Madrid de 'Ocho Apellidos Catalanes'Ahora ha sido el partido el que ha querido tomar la palabra y lamenta que haya podido resultar ofensivo dicho comentario para Mariló Montero, aunque también defiende el derecho de su líder a expresar en la intimidad las ironías o bromas que no se dicen en serio. Parece que el contenido pertenece a una conversación privada que mantuvo Pablo Iglesias, y ha salido a la luz después de que los comentarios apareciesen en un móvil robado.
Mariló Montero, apoyada por el Instituto
Podemos también ha añadido: " Es evidente que las ironías y las bromas son precisamente eso, porque no se dicen en serio", y además, advierten de que "cuando se hacen en el ámbito privado no deben salir de él". Por consiguiente, y después de que los hechos se hayan desarrollado de esta manera quizás tomen medidas legales ellos también, porque dicen: "en Democracia debe garantizarse la seguridad de las conversaciones y comunicaciones privadas ".
Mariló Montero en el X aniversario de El EconomistaPor su parte, el Instituto de la Mujer apoya a Mariló Montero y considera el comentario "totalmente inadmisible por sexista y porque incita a la violencia". El mismo Instituo ha hecho un comunicado a Europa Press que dice lo siguiente: "Exigimos máximo cuidado con este tipo de expresiones porque reflejan situaciones de desigualdad y recordamos que las personas con responsabilidades políticas e institucionales han de ser especialmente cuidadosas con este tipo de comentarios que incitan a la violencia y que dificultan el avance en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres".
Para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad luchar contra la violencia hacia la mujer y la desigualdad es una tarea de toda la sociedad y ha reiterado que las personas con responsabilidades públicas han de ser los primeros garantes de este objetivo común.
