El juez que investigada el caso de las comisiones millonarias de las mascarillas vendidas al Ayuntamiento de Madrid al comienzo de la pandemia del coronavirus ha imputado a Luis Medina por un delito de alzamiento de bienes, según consta en un auto al que ha tenido acceso El Mundo. Lo cierto es que hasta el momento el magistrado no ha podido embarga a Medina el dinero de la comisión que ganó con este negocio porque solo constaba de 247,26 euros en su cuenta.
Tanto él como Alberto Luceño, su socio, se embolsaron cerca de 6 millones de dólares (1 millón para el hijo de Naty Abascal y el resto para Luceño ) por la venta de mascarillas y diverso material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en marzo de 2020, a través de la empresa municipal de Servicios Funerarios. El juez que instruye la causa, Adolfo Carretero Sánchez, además de imputarle, y le impone una fianza de 891.000 euros, que deberá abonar en un plazo de tres días, algo que resulta prácticamente imposible teniendo en cuenta que no tenía dinero en sus cuentas.
Según Anticorrupción, ambos comisionistas habrían elevado los precios más de un 400 por ciento del material que hacía especial falta en esos momentos, aunque muchos de estos productos llegaron incluso defectuosos.
El hijo de Naty Abascal ha sido imputado solo por un delito de alzamiento de bienes, aunque había sido investigado también por estafa agravada, blanqueamiento de capitales y falsedad documental. Medina y Luzeño deberán prestar declaración en el Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid el próximo 25 de abril de 2022.
El caso se está complicando más de lo esperado, porque el empresario San Chin Choon, quien fue el encargado de suministrar las mascarillas y diverso material sanitario al Ayuntamiento como representante de la empresa Leno, no tiene intención de cooperar de manera voluntaria en el proceso judicial, tal y como han informado desde Malasia.
Pudieron falsificar su firma
Tal y como adelanta el medio ABC, San Chin Choon pactó las comisiones millonarias con Medina y Luceño, aunque los investigadores tienen la sospecha de que ambos comisionistas pudieron falsificar su firma en diversos documentos para justificar ante los bancos los beneficios por dichas comisiones.