Este mes de febrero de 2024, la magistrada que lleva el caso, Elena Sanz, propuso juzgar a la pareja y a una cuidadora por "aislar" e "incomunicar" a María Isabel para poder controlar su patrimonio, pero no concretaba el delito específico. Ahora, la Fiscalía detalla que la fallecida fue aislada de manera "sistemática" durante varios meses, sin cuidados y atenciones básicas de higiene e intentando hacerse con el dinero que tenía.
Concretamente, en el escrito de acusación de la Fiscalía se culpa al matrimonio de un delito contra la integridad moral y otro continuado de administración desleal. Además, se menciona a la cuidadora de la mujer contratada los últimos meses de su vida, también por un delito contra la integridad moral por el que se piden dos años de cárcel. La explicación se centra en que la cuidadora accedió a cuidarla por 6.300 euros que cobró en dos meses, pese a ser "totalmente consciente del deplorable estado en el que se hallaba, de la falta de atención, cuidado e higiene".
Se intentaron aprovechar de María Isabel
Sin embargo, no fue así, y el actor y su mujer aprovecharon el deterioro cognitivo de la fallecida, que aumentó desde que llegó a Madrid. Le quitaron la medicación y otros cuidados básicos, como el espesante en la comida y, en una ocasión, dejaron a la anciana a lo largo de nueve horas en un restaurante de un centro comercial, mientras la pareja iba a un parque temático. Tampoco le proporcionaron un andador ni una silla de ruedas, discutían con ella, "a veces a gritos", y le obligaban a ir a los baños de la urbanización.
Todo esto, porque, el supuesto objetivo de los acusados era controlar el dinero de Isabel Suárez para mantener su ritmo de vida y grandes gastos mensuales "sin efectuar actividad laboral alguna y detentar ninguna fuente de ingresos para sostener tales gastos", se escribe en la acusación. Por ello, el 7 de mayo de 2021, llevaron a Isabel ante un notario para cambiar su testamento y designar como heredera de todos sus bienes, menos dos fincas rústicas, a Arancha Palomino. Más tarde, regresaron para obtener un el poder de disponer del dinero de la anciana, aunque dos notarios se negaron al ver que la mujer padecía una clara incapacidad para ello. No obstante, los acusados, lograron acceder a la cuenta corriente de la mujer, que contenía 60.884 euros y una pensión mensual de 950 euros, de los que se apropiaron 19.400 euros en total. De momento, solo se sabe estos datos del escrito de acusación de la Fiscalía, pero el juicio no tiene fecha.