El pasado jueves 4 de julio el medio italiano Il Messaggero publicaba que los abogados de la influencer había presentado ante el Tribunal Administrativo Regional del Lacio la renuncia al recurso por la multa de 1 millón de euros que se le había interpuesto el pasado mes de diciembre de 2023 por un delito de publicidad engañosa por la venta de sus famoso 'Pandoro Pink Christmas'.
Este acuerdo llega en el marco de un acuerdo de las empresas de Chiara Ferragni con la Agencia Antimonopolio a raíz de la investigación abierta a comienzos de 2024 por la venta también 'benéfica' de los Huevos de Pascua en colaboración con la empresa Dolci Preziosi en los años 2021 y 2022.
Así, las empresas Fenice y TBS Crew de la italiana acuerdan pagar 1,2 millones de euros en tres años y Cerealitalia -a la que pertenece Dolci Preziosi- otros 100.000 euros. Un total de 1,3 millones de euros que irán destinados íntegramente a la organización 'Il Bambini delle Fate' a la que los consumidores creían que iban destinados en su momento los beneficios del dulce de pascua.
Chiara Ferragni llega a un acuerdo con la Agencia Antimonopolio
Además las empresas implicadas en este caso también se comprometen a que de aquí en adelante se separan de forma clara las actividades con fines comerciales -aquellas con las que se promocionan y venden productos a beneficio propio- y aquellas con fines benéficos, eliminando así cualquier posible confusión en las comunicaciones comerciales de cara al público.
Estas medidas esperan que no solo sean una penalización y ejercicio de transparencia por parte de las empresa de Chiara Ferragni sino también un ejemplo para el resto de empresas y creadores de contenido del país donde además se está trabajando ya en una Ley -la bautizada popularmente como 'Ley Ferragni'- que regulará la actividad comercial de los creadores de contenido.
En el caso de las empresas implicadas en el caso 'Huevo de Pascua' también quedan bajo vigilancia en próximas actividades benéficas y comerciales por las que, en caso de incurrir de nuevo en alguna práctica similar, enfrentarían una multa de 10.000 millones de euros así como una suspensión comercial durante 30 días.