El abogado de la familia de Sánchez Vicario reaviva la polémica con una nueva demanda contra la tenista, además en ella incluirá al hermano de la tenista y a Francisco Oró, su administrador.
Después de años de batalla legal contra sus padres, Arantxa Sánchez Vicario decidió poner fin a cualquier acción judicial contra ellos, que desde 2010 se convirtieron en enemigos íntimos. Ahora, el abogado de la familia, Bonaventura Castellanos, ha decidido interponer una nueva demanda contra la tenista, y también contra su hermano y administrador.
Según informa La Otra Crónica, Castellanos va a demandar a la deportista para intentar restablecer su honor, ya que considera que ha quedado manchado. "Espero que la condenen a restaurar mi honorabilidad y a pagar las costas procesales que he tenido, además de obligarla a publicar la sentencia en los medios", explica el abogado. No obstante, el letrado está muy dolido con Arantxa y mantiene que no busca compensaciones económicas, por lo que pedirá un euro 'simbólico' como indemnización. Con indignación ha expresado que: "no puedo reconocer hoy al personaje que fabula escenarios irreales y destila odios africanos".
A pesar de que Castellanos no ha presentado su demanda por cuestiones 'meramente técnicas', lo hará en cuanto le sea posible, según recoge La Otra Crónica. Además este medio explica que ha tenido acceso a la demanda y en ella se explica cómo ha sido la experiencia del letrado, quien asegura que "ha visto mancillado su honor y su imagen".La vida judicial de Arantxa Sánchez Vicario
La propia tenista fue la encargada de informar sobre las desavenencias con su familia con la publicación de su libro 'Arantxa ¡Vamos!', en el que relataba sus memorias, a partir de ese momento la relación de los Sánchez Vicario se tornó cada vez más tensa con su hija, y no sólo por las acusaciones, sino también porque no aceptaron desde un principio a José Santacana, el marido de la deportista.La primera demanda llegó en diciembre de 2010 y en el documento acusó a sus padres, a su hermano Emilio y al administrador Oró de presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida. Y desde entonces durante cinco años no han dejado de lanzarse dardos envenenados que ha dado como resultado el fin de una familia.