La cantante hace años que arrastra problemas con la Agencia Tributaria española, pero ella defiende su inocencia.
Shakira vuelve a estar en el punto de mira, y es que sus problemas fiscales en España continuan pese a que se haya mudado a Miami con sus hijos tras una tormentosa ruptura con Gerard Piqué. El juzgado de instrucción 2 de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, vuelve a investigar a la cantante, abriéndose una segunda causa a raíz de una querella de la Fiscalía, que la acusa de defraudar a Hacienda en los impuestos de IRPF y patrimonio del ejercicio fiscal de 2018.
Al parecer Shakira ya vivía en Barcelona junto a Piqué aunque tributaba en el extranjero, ya que por aquel entonces ella aseguró que vivía en Bahamas. Tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un comunicado, la causa contra Shakira está abierta por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública.Y esta sería la segunda causa contra ella ya que a finales de 2023 será juzgada por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, es más, es acusada de seis delitos, entre ellos la defraudación y utilización de personas jurídicas interpuestas en tres ejercicios del IRPF y otros tres en el Impuesto sobre el Patrimonio, por lo que podría enfrentarse a ocho años y dos meses de prisión, así como a una multa de 23 millones.
En cuanto a sus causas pendientes, la colombiana ya se encargó de devolver los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses, así que le fue aplicada la atenuante para reducirle la pena que podría corresponderle. Como arrastra seis delitos, cada uno de ellos podría estar penado con seis años de prisión. En contra de los métodos de Hacienda
En todo momento ella se ha defendido de estas circunstancias, haciendo hincapié en su inocencia, e incluso criticó los métodos de la Agencia Tributaria. "Los métodos de Hacienda tras pagar más de 90 millones de euros y ser perseguida incluso por años en los que no pasó ni 60 días en España", dijeron sus abogados en uno de sus juicios, y ella ahora confía en que se demuestre su inocencia. A través de un comunicado hizo saber lo siguiente: "Es inaceptable el hecho de que, en su acusación, la Hacienda pública no esté respetando la seguridad jurídica que debe garantizarse a cualquier contribuyente, ni tampoco mis derechos fundamentales".